El movimiento de acceso abierto, más ampliamente conocido como Open Access (OA) inició en el año 2001 como una respuesta a los altos precios de suscripción a revistas científicas y al control de los derechos de copyright sobre los trabajos publicados, y fue posible gracias a los avances de las nuevas tecnologías, a la posición de la propia comunidad científica y a la libertad intrínseca de Internet para la circulación, acceso y uso de la información.
El movimiento de acceso abierto ha sido avalado por declaraciones internacionales como las de Budapest (2002), Bathesa (2003) y Berlín (2003), conocidas como las tres B.
La Declaración de Budapest establece el libre acceso a través de Internet a los textos completos, su uso y distribución, respetando las leyes de copyright, pero abogando porque sean los autores o las instituciones quienes dispongan de estos derechos. La Declaración de Bathesa complementa a la primera al establecer la garantía de que el copyright no sea una barrera para el acceso a los artículos, y que los ficheros de los mismos se depositen en un repositorio institucional. Por su parte, la Declaración de Berlín compromete a las instituciones firmantes a favorecer las vías de acceso abierto, y establece las características que deben cumplir los recursos de acceso abierto: garantizar el libre acceso a los trabajos, a hacer uso de ellos y a copiarlos para trasmitirlos o distribuirlos en cualquier formato digital, siempre con la referencia a la fuente original y a la autoría.
El libre acceso a los recursos digitales derivados de la producción científica o académica, sin barreras económicas o restricciones derivadas del derecho de autor, tiene cada vez más apoyo de instituciones y comunidades científicas en todo el mundo.
Como consecuencia del impacto creciente del movimiento de acceso abierto, un gran número de compañías, como Elsevier, Springer y Blackwell, permiten a los autores depositar su propia «versión final de autor» en repositorios institucionales. Por ejemplo, en 2004 Elsevier modificó su política de derechos sobre los artículos aceptados para su publicación, de tal suerte que al día de hoy permite el archivo preprint y posprint en repositorios institucionales de trabajos publicados en 1,800 revistas del corporativo.
Asimismo, las estadísticas del servicio Sherpa/Romeo, una base de datos de políticas de copyright relativas al autoarchivo, muestran que el 65% de las editoriales registradas en esta base de datos permiten alguna forma de autoarchivo. Incluso las editoriales que prohíben expresamente el autoarchivo, lo permiten siempre que el autor solicite autorización para ello.
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